Manuel Mojica · manuel@relatoscondatos.com
Cuando se menciona a las “brujas” solemos tener en mente a ciertos referentes de fantasía e historias de terror. Unas se parecen mucho a cualquier otra persona, mientras que otras son monstruosas. Todas son mujeres, porque los hombres con poderes mágicos tienden a ser sabios. O eso nos dicen siempre.
Son muchas las personas que han teorizado sobre como la construcción monstruosa, malvada y femenina de las brujas ha permeado en las grandes narrativas e imaginarios sociales para recordarnos que las mujeres son malas. En palabras más sencillas: nos dijeron que hay mujeres diferentes a nosotros, que son malas, que quieren hacernos daño.
También hay personas que, en vez de estudiar Literatura, han estudiado Historia y Derecho. Está más que documentado que el Estado lideró procesos legales en los que acusó, condenó y ejecutó a mujeres por el supuesto delito de brujería. Según Johnson (2018), eso fue posible gracias a la alianza entre las instituciones jurídicas y religiosas del momento. Tiempo después, eso se declaró ilegal.
No en vano, la idea de separar la Iglesia y el Estado surge en el renacimiento, en paralelo al republicanismo. Es obvio que sería más difícil para una Iglesia convencer a los miembros de tres poderes que convencer a solo una persona.
Cabe recordar que Costa Rica aún es un Estado confesional y que el criterio de varios constitucionalistas aboga por discutir la inconstitucionalidad de las agrupaciones políticas que se fundamentan en la fe (sea cual sea), pues el artículo 28 de la Constitución Política prohíbe la propaganda política con motivos religiosos.
Aún si excluimos la intención evangelizadora en la persistencia en señalar y castigar a otras personas por ser “diferentes”, hay que tener claro que la cacería de brujas tiene intenciones mucho más obscuras.
Una investigación de Shmakov y Petrov (2018) encontró que la cacería de brujas, como un proceso social legitimado por instituciones públicas y respaldado por la ciudadanía, tuvo motivaciones económicas y políticas de ciertos grupos en particular.
Los autores, analizaron distintos procesos de cacería y encontraron que toda acción pública de este tipo provino de gobiernos deslegitimados y escasos recursos económicos.
Acusar mujeres de brujería era la excusa perfecta para solucionar varios problemas de un solo. Con ayuda de la Iglesia, el Estado construyó una “amenaza” para el orden público, que debía ser sancionado. Construyó un discurso populista y con eso se ganó la simpatía de la gente.
Durante esos procesos no solo se acusaba a las imputadas de cosas que no podían demostrar, si no que además se confiscaban sus propiedades. En algunos casos, se otorgaba a otras personas para que produjeran bienes de consumo y pagaran impuestos, en otros simplemente pasaban a ser propiedad de la autoridad de turno.
Varios siglos después hay agrupaciones políticas que intenten replicar la misma fórmula. Hoy no tenemos brujas, pero tenemos personas que intentan tener los mismos derechos. Principalmente, las mujeres.
Que haya un mayor impedimento para que miembros del clero hagan política no ha impedido que otros tomen sus discursos, sus creencias y sus persecuciones en sus propias manos. Su principal táctica es señalar como “malo” cualquier otro estilo de vida, pensamiento, acción o palabra que contradiga la de sus creencias.
Y sí, hay personas que pretenden aplicar justicia o crear nuevas leyes con ese norte en su cabeza.
También hay personas que intentan revivir la extinción de dominio, sin siquiera respetar el derecho fundamental que cada quien tiene a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Este es uno de los varios ejemplos de grupos que, a través de mecanismos legales, pretende el atropello a los derechos de ciertas personas. Si permitimos que eso pase, abrimos la puerta para para que, eventualmente, se irrespeten más derechos.
Hoy es muy visible la tensión entre grupos conservadores y las mujeres, o las personas sexualmente diversas. Mañana, los conservadores pueden emprender acciones contra cualquier otra oposición.
La buena noticia es que podemos emprender acciones, actitudes y discusiones que impidan dar más fuerza a las personas con estas intenciones.
En primer lugar, hay que tener claro que cada quien tiene la libertad de creer lo que considere más conveniente para sí mismo. Ninguna persona ni agrupación política tiene que imponer una serie de creencias, valores y actitudes a ninguna persona.
En esa misma línea, es importante diferenciar entre la fe y la institución. Una crítica a una iglesia o un miembro de ella no es una oposición directa las creencias, ni un insulto personal a las personas creyentes.
También es importante reconocer cuando un discurso populista es bueno o malo. En algunos casos, apelar a una identidad común y un sentido de pertenencia funciona para lograr ciertos objetivos de mejora. Eso es muy diferente a señalar, castigar y discriminar a personas por ser diferentes, por tener cualidades que no pueden cambiar.
Como nadie puede alegar desconocimiento de la Ley, hay que conocerla y entender cómo se aplica. No basta con saber que cada persona tiene derecho a un debido proceso. Se trata de saber que eso aplica para quienes piensan como nosotros y también para quienes no.
Si bien la libertad de expresión es fundamental en una democracia, se debe ser responsable con el uso de este derecho. Reproducir ciertos discursos de manera masiva puede ser perjudicial para ciertos sectores, condiciona y aviva emociones negativas en las personas y genera falsas expectativas sobre los hechos.
Si un Gobierno enfrenta problemas con sus finanzas, hay que discutir cuáles son las medidas adecuadas. No todo se basa en reducir gastos o aumentar ingresos, hay muchas estrategias adicionales que se pueden emprender.
En vez de irrespetar la propiedad privada de ciertas personas, se puede pensar en construir alianzas estratégicas que beneficien a múltiples sectores. Además, dejar una parte de la producción en manos privadas aumenta las posibilidades de que estas personas incurran en acciones afirmativas, inclusivas y reivindicantes. Quizás no todas las iniciativas privadas lo hagan, pero habrá varias que, debido a su concepto, su visión de mundo y experiencias acumuladas, saben cómo abordar la diversidad de manera adecuada.
Cabe decir que hay que incluir la veeduría ciudadana y el control político en nuestro día a día. El poder Ejecutivo y el Legislativo está ahí por sus electores y les deben cuentas, no al revés. Una adecuada y sistemática presión civil sobre el quehacer político se puede traer abajo cualquier intención de gobernar de manera inadecuada o contraproducente.
Finalmente, hay que promover la interseccionalidad. Hay personas que no saben que las mujeres tienen menores oportunidades de acceder a oportunidades académicas o laborales. Una vez que se entiende eso hay que saber que las mujeres racializadas sufren mucho más que aquellas que son blancas. O que la experiencia de una mujer varía sustancialmente si tiene menos recursos económicos, si es sexualmente diversa, si es una persona con discapacidad, si es mayor o más joven.
En resumen, si se respetan las diferencias y se promueve su sana convivencia en igualdad de condiciones, podemos evitar que una vez más, haya una cacería de “brujas”.
Referencias
Johnson, B. W. (2018). Legislating the witch: a genealogy of juridical thought. Data Modeling and Digital Approach for the Legal History of Ibero-America. Culture & History Digital Journal. 7(2).
Orozco, V. (2019). Moral totalitaria y derechos humanos. Disponible en https://bit.ly/2tXtkwk
Shmakov, A. y Petrov, S. (2018). Economic origins of witch hunting. Studies in Business and Economics. 13(3). 214 – 229.
Mujeres que cambian el mundo 